Desde el año 2003, en Chile se rige la “Normativa de Conservación del Agua”, que tiene como objetivo regular el uso del agua en el país. Esta normativa se aplica a todos los usuarios de agua, ya sean personas naturales o jurídicas, y establece una serie de obligaciones en materia de conservación del recurso. 

La normativa se divide en tres grandes bloques

Uso racional del agua: 

Se establece un régimen de empleo racional del agua, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia en el uso del recurso. Para ello, se establecen una serie de medidas que deben cumplirse, tales como el cierre de canales, el empleo de equipos de riego con alta eficiencia, la utilización de tecnologías alternativas de riego, entre otras. 

Uso sostenible del agua: 

Se busca que el agua se utilice de forma sostenible, es decir, que se garantice su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Para ello, se establecen una serie de límites en el uso del agua, tanto para el sector agrícola como para el sector urbano. Asimismo, se fomenta el empleo de agua de lluvia y el reuso de aguas residuales.

Protección de los ecosistemas acuáticos:

Se busca proteger los ecosistemas acuáticos, evitando su deterioro o destrucción. Para ello, se establecen una serie de medidas, como la prohibición de vertimientos contaminantes, el control de la contaminación de las aguas superficiales, la protección de las cuencas hidrográficas, entre otras.

Como ves, en Chile el uso del agua está regulado por la normativa de conservación de agua DGA. Esta normativa establece un conjunto de pautas a seguir para el empleo racional del agua, a fin de proteger este recurso natural. 

En ella, se establecen una serie de límites de consumo máximo por persona y día, así como una serie de medidas de ahorro. Por ejemplo, en el caso de los usuarios comerciales e industriales, se establecen límites de consumo en función de la actividad que se realice.